La minería podría aportar hasta US$ 30 mil millones anuales y convertirse en un pilar clave

Aparece como una de las grandes posibilidades que la Argentina tiene frente a sí. Con un potencial exportador muy significativo y un volumen de inversiones que podría superar los US$ 150 mil millones, el sector permitiría cubrir buena parte de las necesidades externas del país, fortalecer las cuentas macroeconómicas y liberar recursos clave para el desarrollo. Sin embargo, la falta de previsibilidad macroeconómica, de reglas de juego estables a largo plazo y de consensos políticos vuelven a poner en riesgo una chance histórica que otros países de la región sí lograron aprovechar.

Carlos Burgueño

Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología

Ayer 23:57

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Argentina es una tierra de oportunidades. Y, muchas veces, la historia de la economía del país se relata analizando la manera en que las aprovechó o las dejó pasar. O, aún peor, las combatió con contenidos ideológicos en general agresivos. Ahora, aparentemente, aparece una más. Y no es Vaca Muerta. La minería, en todas sus potenciales expresiones, le podría generar al país exportaciones por unos US$ 20 mil millones durante los próximos cinco años, y llegar a los US$ 30 mil en la próxima década. De manera constante y anual. Y potenciar inversiones (especialmente en provincias medianamente desarrolladas, las que constitucionalmente son las dueñas de la riqueza), por más de US$ 150 mil millones. Para tener una idea de lo que implican esos números, el agro (el principal generador de divisas para el país), aportaría en toda su gama de productos unos US$ 21 mil millones este año. Iban a ser más, pero la sequía de las últimas semanas le haría perder unos US$ 3 mil millones al sector.

Ese dinero que aportaría la minería, serviría, casi con exactitud numérica, para pagar anualmente la deuda externa contraída, y cancelar los pasivos en unos 10 años; ya que, cada ejercicio, el país debe presupuestar unos US$ 18 mil millones para cubrir pasivos financieros derivados del sobrendeudamiento generalizado de los últimos 40 años. Y si, contablemente, el país pagara este rojo con exportaciones mineras, le quedaría para aventurar desarrollos futuros, el aporte del campo y de Vaca Muerta. Esto implicaría que a la Argentina le quedarían entre US$ 30 mil y 50 mil millones libres sin destino de pago a acreedores para pensar en desarrollar su economía.

El problema para que esto sea posible, es que la minería necesita algo de lo que el país y su clase dirigente carecen: visión de Políticas de Estado de largo plazo. Para que un proyecto minero se concrete, se debe pensar la inversión a no menos de 10 años hacia delante, ya que se trata de una actividad algo desigual para el aportante de capital. Debe apostar mucho dinero en un principio (miles de millones de dólares), para pensar en una rentabilidad importante recién 6 o 7 años después. En un país donde los presupuestos aprobados en enero comienzan a crujir en junio, y donde la oposición al gobierno de turno apuesta a la demolición y cambio radicalizado para cuando le toque llegar a la Casa Rosada; pensar una inversión a 10 años es un problema.

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Según un informe publicado por la casa de análisis Invecq, la minería argentina atraviesa una etapa clave, con avances concretos y un potencial de crecimiento que podría ubicar al sector entre los principales motores de exportaciones, empleo y desarrollo regional del país. El estudio destaca que, si bien en los últimos años la minería alcanzó récords históricos en exportaciones y consolidó su rol en economías regionales, el nivel de desarrollo sigue siendo bajo en relación con el potencial geológico del país. La brecha entre recursos y producción posiciona a la Argentina frente a una oportunidad estratégica, pero también frente al riesgo de no capitalizarla si no se generan condiciones adecuadas.

Pese a mostrar avances recientes, el sector minero sigue muy por debajo de su potencial. En 2025 las exportaciones mineras superaron los 6 mil millones de dólares, el nivel más alto de la historia, con un crecimiento del 70% respecto de 2015, y explicaron casi el 7% de las exportaciones totales del país. Sin embargo, la minería representa menos del 1% del PBI argentino, a pesar de que el país concentra una porción relevante de los recursos minerales globales.

Según el informe de Invecq, Argentina cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción. Si se consideran los cuatro minerales principales –litio, cobre, oro y plata–, solo el 11% de los proyectos está en fases avanzadas, lo que evidencia una amplia brecha entre el potencial geológico y su desarrollo efectivo. En materia de inversiones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya muestra impactos concretos. Según el informe de Invecq, los proyectos aprobados bajo este esquema alcanzan un monto total de 16.722 millones de dólares, de los cuales más de 6 mil millones de dólares corresponden a iniciativas mineras. Además, hay cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que, de aprobarse, podrían aportar un monto adicional cercano a los 30 mil millones de dólares.

El despegue sostenido de la minería nacional depende de la estabilidad

Obviamente, el cobre es el principal salto pendiente. Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir de este mineral, Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal y sin capacidad de aprovechar una demanda global en fuerte expansión asociada a la electrificación, las energías renovables y la movilidad eléctrica. En Chile y Perú, por ejemplo, las exportaciones mineras representan entre 17% y 18% del PBI, mientras que en la Argentina el sector aporta menos del 1% del producto.

Según Invecq, bajo un escenario de mayor previsibilidad regulatoria y reglas de largo plazo, las exportaciones mineras podrían más que duplicarse hacia 2030, superando los 15 mil millones de dólares anuales, y acercarse a los 18 mil/19 mil millones hacia 2035, con el cobre como principal impulsor.

En materia de empleo, la minería ya genera más de 120 mil puestos de trabajo directos e indirectos, con niveles de informalidad prácticamente inexistentes y salarios que son casi cuatro veces superiores al promedio del empleo privado formal. No obstante, la expansión del empleo asociada al cobre se encuentra hoy virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no pueden avanzar bajo el marco legal actual.

Según Invecq, el despegue sostenido de la minería argentina depende de un conjunto de factores clave que permitan reducir la incertidumbre y viabilizar inversiones de gran escala y largo plazo:

1. Estabilidad macroeconómica. El primer pilar es la estabilidad macroeconómica. La minería requiere inversiones intensivas en capital, con horizontes de recuperación que superan los 10 o 15 años. En ese contexto, la previsibilidad en variables como inflación, tipo de cambio, acceso a divisas y equilibrio fiscal resulta indispensable para atraer nuevos proyectos y avanzar en los que hoy se encuentran en etapas tempranas.

2. Reglas claras y continuidad del RIGI. El informe subraya la importancia de garantizar reglas de juego estables, en particular en lo referido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La no modificación de sus condiciones es clave para sostener la confianza de los inversores y evitar cambios que alteren la ecuación económica de los proyectos ya anunciados o en evaluación.

3. Rol de las provincias y federalismo productivo. Otro punto central es el respeto al rol de las provincias en la toma de decisiones. La minería es una actividad eminentemente territorial, y el informe remarca que permitir que las jurisdicciones definan sus estrategias, condiciones y marcos regulatorios resulta fundamental para viabilizar proyectos, fortalecer la licencia social y maximizar el impacto en el desarrollo local.

4. Marco legal y Ley de Glaciares. El informe de Invecq señala que la Argentina cuenta con un marco ambiental sólido y con leyes exigentes en materia de protección de los recursos naturales, pero advierte que en algunos casos su aplicación no ha sido la más adecuada, generando incertidumbre para el desarrollo de proyectos. En particular, identifica como uno de los principales puntos críticos la definición imprecisa en la Ley de Glaciares del área periglaciar, una discusión que permanece sin resolución desde hace más de 15 años, a lo que se suma la falta de verificación en el terreno de las condiciones reales de algunas zonas declaradas como protegidas, situación que derivó en superposiciones normativas, judicialización y demoras en las inversiones. En ese contexto, Invecq plantea la necesidad de avanzar en una Ley de Glaciares que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios técnicos claros y verificables y reduzca la discrecionalidad, permitiendo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo responsable de la actividad minera.