3 de septiembre de 2026 – 15:35
La Corte Suprema confirmó la condena al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri: quedará detenido
El máximo tribunal rechazó todos los recursos presentados por la defensa. El exmandatario provincial irá a prisión por el desvío de fondos públicos durante su gestión, entre 2007 y 2015.
El ex gobernador de Entre Ríos fue condenado por corrupción.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri irá a prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena que pensaba en su contra por desvío de fondos públicos durante su administración provincial.
Leé además
La decisión fue de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario. Además de ir preso, la condena inhabilita a Urribarri a ejercer cargos públicos.
La condena original contra el ex gobernador data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná sentenció a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015, con pagos a empresas sin actividad real y un esquema de testaferros que, según la acusación, benefició a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
Entre los hechos investigados figuraron también gastos vinculados a la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014. En la misma causa fueron condenados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, y el propio Aguilera, ambos a seis años de prisión.
Urribarri, que gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 por el kirchnerismo y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel, había estado detenido durante 50 días a partir de noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó su captura por temor a que intentara frustrar el proceso. Esa medida fue revocada en enero de 2025 y ahora aguardaba la decisión final en su domicilio. Con la condena firme tras el fallo de la Corte Suprema, la Justicia de Entre Ríos deberá disponer la ejecución de la pena.
Los argumentos de la Corte Suprema
El tribunal sostuvo que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la norma que permite a la Corte rechazar apelaciones sin dar mayores fundamentos cuando entiende que no hay una cuestión federal suficiente para tratar.
En su voto, Lorenzetti agregó una aclaración: citó el precedente “Vidal” para remarcar que el rechazo de un recurso por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”. La resolución alcanzó también a los otros seis condenados en la misma causa que habían llegado en queja ante la Corte: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Juan Pablo Aguilera, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez. Todos los planteos fueron desestimados.
QUE LA MEMORIA O DESMEMORIA NO ELIJA EL OLVIDO…POR DONDE ANDA ESE EXPEDIENTE?…
Denuncian a Gioja por sobreprecios en una
contratación directa que le habría hecho perder a San Juan más de $3.500 millones
En la Justicia sanjuanina avanza desde hace unas semanas una denuncia contra el presidente del PJ y ex gobernador José Luis Gioja, por la contratación directa de la ART de los empleados públicos provinciales, por la que en noviembre de 2016 se pagaron 42 millones de pesos mensuales y que actualmente, tras un llamado a licitación, cuesta 15 millones al mes, casi tres veces menos.
En 2005, el gobierno de San Juan contrató en forma directa al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para que cubriera los gastos médicos por accidente de trabajo de los más de 38 mil empleados públicos sanjuaninos. El acuerdo, que incluía a los docentes y los agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario, y que luego se amplió a los alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal, fue renovado sistemáticamente hasta enero de 2017.
Según reveló El País Diario, el primer sitio que se hizo eco de la polémica y que luego fue replicada por los denunciantes, el año pasado el gobernador Sergio Uñac -sucesor de Gioja- llamó a una licitación pública que ganó Provincia ART, por 15 millones de pesos mensuales, es decir, 27 millones de pesos menos que los 42 millones de pesos que el Estado provincial pagaba por mes en tiempos de Gioja.
.
Algo que llama la atención: en la licitación se presentó IPASER, que ofertó cobrar el 2,40% de la masa salarial de la administración central y 6,5% del sueldo de toda la fuerza policial, bastante menos del 4,19% y 15% que venía recibiendo, respectivamente, por cada uno de los rubros.
Otro dato importante: el intendente del departamento sanjuanino de Rawson -el más poblado de San Juan- es Juan Carlos Gioja, hermano del ex gobernador. El jefe comunal mantuvo el vínculo para los empleados municipales con IPASER.
La información fue recogida por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, ambos dirigentes del GEN, quienes presentaron una denuncia a la que Infobae tuvo acceso. Allí concluyeron que «a valores constantes, desde enero del 2005 a diciembre enero del 2017, el Estado Provincial abonó un sobrecosto de $3.588.000.000″, a lo que debería agregarse la comisión del 10% del monto total del «agente de seguro», es decir, casi 359 millones de pesos. La causa quedó en la Fiscalía Correcional N° 3, que ordenó una serie de medidas de prueba preliminares.
Según contaron los denunciantes a Infobae, se llevaron una gran sorpresa cuando se enteraron -luego de hacer su primera presentación- que desde hace tiempo se estaba investigando en Entre Ríos al gerente general de IAPSER, Martín Fernández, por enriquecimiento ilícito.
Esa investigación creció a partir de la filtración de una especie de memoria o auditoría interna de IAPSER que fue enviada de manera anónima a un estudio de abogados. El documento es contundente: una de las primeras cosas que advierte es que el instituto estaba cobrando comisiones millonarias en San Juan, a un valor superior al que permite la ley de ART, y que habría un «retorno» a las autoridades del ente.
El documento también cuestiona el rol del ex diputado Moisés Lara, un hombre cercano a Gioja, que representa a IAPSER en San Juan y que, a la vez, es productor de seguros, algo que está prohibido. Lo más curioso es que la auditoría advierte que el instituto le prestó dinero a Lara para que comprase un inmueble en San Juan para que el propio IAPSER se lo alquilara.
Según el portal Página Judicial, que publicó ese revelador documento, el IAPSER le pagó a Gioja una indemnización de un millón de pesos por el accidente de helicóptero que sufrió en octubre de 2013 en la localidad de Valle Fértil y puso otros 2 millones de pesos para su rehabilitación.
Pero, al parecer, la relación era también muy estrecha con el secretario de Gobierno de Gioja, Walter Lima, según se desprende de una ampliación de la denuncia de Seguí y Arancibia. Los abogados informaron que el funcionario tenía una tarjeta azul que lo autorizaba a manejar un auto Volkswagen Passat que estaba a nombre del hijo de Lara.
Recién esta semana Gioja rompió el silencio sobre la denuncia, pero llamativamente no habló del tema. En un video que subió a su cuenta de Facebook, indicó: «Casi desde el mismo momento que dejé de ser Gobernador, se comenzó una campaña en algunos medios sanjuaninos para desprestigiarme. Ustedes saben con la facilidad y simpleza que pueden armar un medio en las redes sociales y comenzar a difamar a cualquiera».
«Lo que me apena no es el que escribe ni tampoco el que arma el medio digital, sino que algunos dirigentes políticos oportunistas que nunca lograron nada utilizan muchos recursos económicos para intentarlo», agregó el actual diputado.
En resumen, Gioja mató al mensajero. Apuntó contra el primer periodista que desnudó el tema, Ernesto Simón, y contra los abogados Seguí y Arancibia, pero no aclaró por qué apeló a la contratación directa ni dio algún tipo de explicación sobre los supuestos sobreprecios. Ni siquiera mencionó la palabra ART.
¿Te gustó nuestro contenido? Apoyá al periodismo independiente.
☕ Apoyá nuestro proyecto
