Causa YPF: Argentina rechazó informar a la Justicia de EE.UU. sobre las reservas de oro del Banco Central
El Gobierno también desestimó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre el tema.Desde la Procuración explicaron a Clarín que «el pedido no tiene fundamento alguno».
La Argentina respondió al pedido de los beneficiarios sobre dónde envió el BCRA sus reservas de oro.
Redacción Clarín
La República Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, quienes habían solicitado a la jueza Loretta Preska que ordenara al país presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.
La presentación fue realizada ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor.
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La jueza que falló contra Argentina
En su presentación ante el tribunal, el Gobierno rechazó el requerimiento al sostener que el oro pertenece al BCRA y que, al tratarse de una entidad autárquica e independiente, el Tesoro Nacional no tiene acceso directo a esa información. No obstante, aclaró que realizará un pedido formal al Banco Central para recabar los datos solicitados.
El Estado argentino también se opuso a la solicitud de los demandantes para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre la cuestión, al considerar que no corresponde su citación en el marco del proceso.
El reclamo forma parte de las acciones impulsadas por los beneficiarios del fallo para identificar activos que eventualmente podrían ser utilizados para garantizar el cobro de la sentencia dictada en los tribunales de Estados Unidos.
Desde la Procuración explicaron a Clarín que «el pedido no tiene fundamento alguno. Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico y están bajo su administración.
Y en ese sentido indicaron que «el Banco Central nunca ha sido parte del proceso de discovery y nada tiene que ver con esta demanda». Además, agregaron que las reservas de la entidad monetaria «tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos».
Allegados al juicio, sumaron a este medio que «sigue el acoso procesal de Burford que busca ejecutar un botín de US$ 16.000 millones de un juicio que compró por US$ 16 millones».
La semana pasada, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene a la República Argentina presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación, la cantidad y el uso de las reservas de oro. En su planteo, sostuvieron que, en caso de que esa información corresponda al Banco Central y no al Tesoro, la magistrada debería convocar a una audiencia probatoria e incluir como testigo al ministro de Economía, Luis Caputo. De responder el Estado argentino a este requerimiento, el Gobierno anticipó que dará a conocer los fundamentos de su defensa.
Para otro especialista en el tema, Sebastián Soler, «ahora, no se descarta que Preska convoque a las partes a una audiencia para escuchar sus argumentos antes de resolver si hace lugar o no al planteo de Burford».
El miércoles de la semana pasada, los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, solicitaron a Preska que ordene a la Argentina detallar la ubicación, las cuentas y los movimientos de las reservas de oro. Pero no fue un pedido nuevo, el mismo ya había sido formulado a mediados de 2025.
La nueva solicitud se basó en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de US$ 16.100 millones que condenó al país en primera instancia en septiembre de 2023. Y según los demandantes, la Argentina incumplió la orden judicial de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional, al designar —afirman— a un testigo “deliberadamente no preparado”, lo que equivaldría a una falta de comparecencia.
Con ese argumento, reclamaron la aplicación de sanciones que incluyen la presentación de una declaración jurada sobre el oro, la convocatoria a una audiencia probatoria con funcionarios relevantes y el pago de honorarios legales por una supuesta conducta obstructiva. También citaron como antecedente el fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que en diciembre ordenó al Banco Central informar públicamente sobre el uso de sus reservas de oro, aunque esa sentencia aún no se encuentra firme.
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